MP disconforme con primera condena en el caso Hospitales Móviles

Tegucigalpa. Francisco Morazán. El Ministerio Público, luego de un arduo trabajo investigativo y con 74 medios probatorios evacuados en juicio, demostró la responsabilidad penal de los dos primeros involucrados en el caso Hospitales Móviles, sin embargo, el fallo será objeto de un recurso de casación debido a que el órgano sentenciador ha sido más que indulgente en cuanto a la calificación jurídica de las conductas atribuidas a los exfuncionarios acusados.

La declaratoria de culpabilidad se decretó únicamente contra Marco Antonio Bográn Corrales por el delito de fraude agravado continuado y contra Alex Alberto Moraes Girón por el delito de violación de los deberes de los funcionarios agravado continuado (no penado con cárcel), pese a que en el presente expediente existen elementos suficientes que acreditan que ambos incurrieron en la comisión de dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Éstos, conforme a las investigaciones, participaron directamente en el megafraude que representó la compra de siete unidades médicas, con las que Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia del COVID-19, lo que resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de compatriotas fallecidos por esta enfermedad.

Al Tribunal de Sentencia del Circuito Anticorrupción, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, le aportaron contundentes pruebas, que al parecer no fueron valoradas en su totalidad, con las cuales se establece lo siguiente:

Por todo lo anterior, la Fiscalía esperaba un fallo menos benevolente, por lo que corresponderá impugnarlo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se reitera, que el Ministerio Público mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en el megafraude de los Hospitales Móviles, por lo que no se descartan más requerimientos fiscales.

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