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Decretan prisión preventiva para cinco hombres imputados en el asalto de una Institución Bancaria

(ConfidencialHN) – Una juez del Juzgado de Letras de la seccional en El Progreso, Yoro, decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva para cinco hombres imputados en el asalto de una institución bancaria.

Mediante la audiencia inicial la juez estableció la medida contra Ramón Antonio Sierra Mejía, Erick Danilo Bayde, José Gabriel Hernández.

También a Lee Marvin Mejía Velásquez y Santo Garay Mejía a quienes se les consideró responsables de los delitos de tentativa de robo, porte ilegal de armas de fuego de uso comercial y robo agravado en perjuicio de testigos protegidos, el orden público y una tienda de electrodomésticos e institución bancaria.

Por tanto, al incorporarse las actas del expediente investigativo, las pruebas documentales, periciales y testificales por parte de la fiscalía y la falta de arraigo por la defensa de los imputados, se reflejan los indicios racionales suficientes y sumada la gravedad de la pena, la juez ordenó que los encausados permanezcan privados de libertad en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.

Mientras que la audiencia preliminar fue programada para el próximo jueves 12 de agosto del año en curso a las 10:00 de la mañana.

Cabe recordar que el pasado sábado 24 de julio de 2021, en la ciudad de El Progreso, una tienda de electrodomésticos y en la que también funciona una institución bancaria, fue asaltada por los cinco sujetos ahora encausados.

Sin embargo, un día antes del asalto en El Progreso, en el Juzgado de Letras de la Seccional en La Ceiba, cuatro hombres incluyendo a Lee Marvin Mejía, se les dio sobreseimiento provisional y puestos en libertad.

En vista que las evidencias de los videos no abrieron en el formato judicial, además no se presentaron los ofendidos o testigos, en base esas fallas, la Juez que conoció el caso los dejó en libertad.

En la causa de La Ceiba se desconoce si la fiscalía apeló, pero el ente fiscalizador tiene cinco años para investigar y presentar nuevamente el requerimiento fiscal con las pruebas.

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